Los bienes culturales valiosos para la provincia están protegidos por dos leyes sancionadas en 2006: la 7.500 y la 7.535. La primera define cuál es el patrimonio cuya conservación interesa al Estado (entre ellos hay bienes arqueológicos, paleontológicos, artísticos y documentales, además de los arquitectónicos). La segunda, norma elaboró el listado de lugares y edificios que componen el Patrimonio Cultural de la Provincia, y ordenó la creación de un organismo encargado de protegerlo.

Así nació la Comisión Provincial del Patrimonio de Bienes Culturales integrada por ocho miembros que representan respectivamente a la Universidad Nacional de Tucumán; la Universidad Tecnológica Nacional; la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino; la Comisión Nacional de Monumentos y Museos y Lugares Históricos; la Legislatura de Tucumán, las comunas rurales, el Ente Cultural y la Dirección de Patrimonio. Este comité, que se reúne todos los martes, está facultado para sugerir sitios para agregar al listado de los bienes protegidos y pedir a la Legislatura la expropiación de un inmueble, en caso de que el particular tenga intenciones de destruirlo.

Los edificios considerados patrimonio cultural pueden ser públicos o privados. Cuando un inmueble privado integra el patrimonio cultural y no hay garantías de su preservación, la comisión puede pedir a la Legislatura que trate su expropiación. A esa instancia sólo se llegó en una oportunidad, con la casa Succar. La posibilidad de que la vivienda de calle Salta 532, de esta capital, sea demolida podría frenarse del todo este año en el caso de que la Legislatura apruebe su expropiación. Antes de llegar a ese extremo, la comisión tiene potestades para asesorar a los titulares de las propiedades y poner a su disposición los instrumentos de gestión necesarios para que los edificios se conserven sin necesidad de quitárselos a sus dueños.

Mercedes Aguirre, miembro de la comisión en representación de la Dirección de Patrimonio de la Provincia, explicó que la gestión consiste en procurar conseguir apoyo de instituciones públicas o privadas que financien la reparación o recuperación del lugar, o de parte de él. “En ese caso, se puede considerar dar al inmueble otro uso del que venía teniendo. La idea es que no se conviertan en espacios muertos, sino que tengan una utilidad, que sean dinámicos”, detalló Aguirre.

Existen casos en que los inmuebles tienen valor histórico, pero no arquitectónico. Este sería el caso del predio del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, cuya situación podría ser tratada por la comisión en el futuro. Allí funcionó un centro clandestino de detención y exterminio, y las tareas de investigación en el lugar aún no concluyeron. El gobernador José Alperovich anunció que el ex Arsenal podría ser utilizado para construir viviendas del plan de créditos Procrear. “Es verdad que es un lugar muy grande y que podría utilizarse, pero hay que evaluar cuáles son las zonas que no se pueden tocar. Seguramente los organismos de Derechos Humanos ya tienen una postura al respecto. El proceso para declarar patrimonio a un espacio incluye muchas variables, y debe hacerse con mucha responsabilidad”, subrayó Aguirre.

Algunos espacios están protegidos en su conjunto, como los entornos de las plazas Independencia y Urquiza. Museos, cementerios, mercados, escuelas, algunas comisarías y hospitales también integran la lista de bienes protegidos, circunstancia que los exime del pago de impuestos.

El orden jurídico también prevé el resguardo del patrimonio arqueológico, paleontológico y museológico de Tucumán, protegiendo espacios y piezas en poder de propietarios privados y públicos. Además, ampara a bienes intangibles. La comisión introdujo a la fabricación de la empanada tucumana y de sulkis en Simoca en el listado de valores que deben ser preservados.